Este mes de mayo se promulgó el Decreto Supremo 5619 con el objetivo de actualizar el sistema de control y fiscalización de los combustibles que se importan, transportan, almacenan y comercializan en el país. La norma introduce un nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes y establece mayores exigencias técnicas para la gasolina, diésel, Jet Fuel y kerosene.  

La medida surge en un contexto de creciente dependencia de combustibles importados y de preocupación por la calidad del carburante distribuido en el mercado interno.

¿Qué propone el Decreto Supremo 5619?

El decreto aprueba un nuevo marco regulatorio para el control de calidad de los carburantes en Bolivia. La norma establece procedimientos de verificación más estrictos para las gasolinas, el diésel y los combustibles de aviación, incluyendo controles desde la importación hasta la comercialización final.

Se incorporan mecanismos de fiscalización técnica y sanciones económicas para quienes incumplan las especificaciones de calidad exigidas por el Estado. El reglamento también contempla el fortalecimiento de laboratorios especializados, controles digitales y sistemas de monitoreo para verificar la composición y pureza de los carburantes.  

Asimismo, se establece como obligación para los operadores y autorizados el registro obligatorio en el sistema informático del ente regulador con carácter de declaración jurada, además de la conservación de documentación técnica tanto en formato físico como digital por un periodo de cinco años. De igual manera, deberán contar con pólizas de responsabilidad civil destinadas a cubrir posibles daños derivados de la comercialización de productos que no cumplan con las especificaciones y estándares de calidad previstos en los anexos del reglamento.

La normativa también incorpora obligaciones adicionales respecto a los productos observados, disponiendo su sometimiento a tratamiento o disposición final, su entrega definitiva a YPFB y la recertificación obligatoria cuando el combustible permanezca almacenado por más de 180 días. Estas medidas implican un fortalecimiento de los mecanismos de control sobre inventarios, laboratorios, contratos y procesos logísticos dentro de la cadena de comercialización de carburantes.

El objetivo del Decreto Supremo 5619 pretende modernizar el sistema de supervisión estatal de combustibles y asegurar que los carburantes comercializados cumplan parámetros de calidad, seguridad y eficiencia, garantizando a los consumidores finales carburantes que cumplen con criterios estandarizados, especialmente ante el aumento de importaciones y la necesidad de evitar combustibles adulterados o de baja calidad.

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