El Decreto Departamental N°423 aprueba el Reglamento General de Concesiones Administrativas del Órgano Ejecutivo Departamental en Santa Cruz. Este Reglamento tiene como objetivo regular las concesiones administrativas realizadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y se aplica a la mayoría de las concesiones, excepto en áreas específicas como la salud y recursos naturales. Establece principios como transparencia y equidad en los procesos de concesión. Se define que la concesión administrativa será contratada en el marco del Decreto Supremo Nº0181. 

Este Decreto utiliza como base legal las competencias conferidas por la Constitución Política del Estado a los Gobiernos Autónomos Departamentales, así como la Ley Nº1178, la Ley y el Decreto Supremo Nº0181. De manera específica se refiere como base la Ley Nº1874 de Concesiones de Obras Públicas de Transporte de 22 de junio 1998 y su Decreto Reglamentario Nº25253. 

Cabe señalar que existe un pronunciamiento del Servicio Estatal de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con relación a la factibilidad de aplicar la Ley Nº1874, puesto que esta se encuentra vigente. 

Tipos de Concesiones 

El Decreto prevé dos tipos de concesiones: gratuitas y onerosas. Las gratuitas benefician a las comunidades y se otorgan a entidades sin fines de lucro o religiosas, mientras que las onerosas generan lucro para el concesionario y se asocian a retribuciones económicas para el Gobierno. Las onerosas pueden ser de iniciativa privada o del Gobierno Departamental. 

Para el caso de las concesiones gratuitas, estas serán por iniciativa privada y únicamente se otorgarán para el uso, goce y/o explotación de bienes públicos o infraestructura pública departamental. 

Contratación de Concesiones Onerosas 

Las contrataciones de concesiones onerosas se enfocarán en las siguientes áreas: 

  • Uso, goce y explotación de bienes públicos u obras públicas de transporte. 
  • Prestación de un servicio público departamental. 
  • Elaboración de estudios de pre inversión y ejecución de obras públicas de transporte. 

Estas concesiones tendrán los siguientes lineamientos generales: 

  • Se siguen criterios de elegibilidad, como legalidad de las entidades, beneficios para la comunidad y cumplimiento de la ley de inserción laboral. 
  • Se elaboran Documentos Base de Contratación y contratos, aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
  • Se designan Responsables del Proceso de Contratación para supervisar y gestionar los procesos. 
  • Se establecen garantías y plazos de concesión específicos según el tipo de concesión. 

Así mismo, estas contrataciones tendrán las siguientes fases: 

  • Fase de Preparación: Incluye la presentación de la iniciativa y documentación necesaria. 
  • Fase de Contratación: Comprende desde la presentación de documentos hasta la firma del contrato. 
  • Fase de Ejecución: Desde el inicio de la orden de proceder hasta la conclusión de la relación contractual. 
  • Fase de Conclusión: Se inicia tras la finalización de la relación contractual y continúa hasta la recuperación de los activos. 

Comentarios y conclusiones 

El Decreto Departamental N°423 establece un detallado procedimiento para las concesiones administrativas en el departamento de Santa Cruz. Reconoce concesiones gratuitas y onerosas, priorizando la eficiencia y la transparencia. Destaca la fase de preparación con estudios de viabilidad. Protege los intereses del Gobierno y la comunidad mediante salvaguardas y promueve la equidad, considerando el empleo local y los impactos ambientales. En resumen, este reglamento busca promover los contratos de concesiones como un mecanismo para la promoción de inversiones. 

Cabe señalar que la Gobernación de Santa Cruz ha optado por este instrumento jurídico, priorizándolo frente a las alianzas público privadas, por considerárselo que sería más eficiente en su implementación al estar enmarcado directamente en una norma nacional como es la Ley Nº1874, la cual se encuentra plenamente vigente y dispone un marco regulador completo sobre el área. 

Contar con este tipo de normativas es esencial para los distintos niveles de gobierno en la intención de promover distintos proyectos de inversión, esencialmente en áreas como el transporte y los servicios públicos. 

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