El pasado 3 de septiembre de 2026 BDA Abogados tuvo el grato honor de ser uno de los organizadores del II Foro Económico-Jurídico “Alianzas público-privadas, el camino para la inversión y el desarrollo”, junto con la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK Bolivia), y de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
El encuentro reunió a representantes de los sectores público, privado, financiero y jurídico con el propósito de analizar las condiciones necesarias para impulsar las alianzas público-privadas (APP) en Bolivia.
Una mirada a la coyuntura económica
La charla introductoria estuvo a cargo de Martin Rapp, analista financiero, quien abordó la coyuntura económica y las perspectivas para el sector privado. Durante su exposición, distinguió entre los procesos económicos que ya se encuentran encaminados y las incertidumbres cuya verdadera dimensión dependerá de la velocidad y severidad con la que se produzcan los ajustes.
En este contexto, señaló que la contracción del gasto y de la inversión pública, las dificultades del régimen cambiario y el debilitamiento del consumo configuran un escenario en el cual la inversión privada deja de ser solo complementaria y adquiere un papel esencial para sostener el crecimiento y promover nuevas iniciativas.
La exposición permitió comprender la urgencia del debate: si el Estado dispone de menores recursos para financiar infraestructura y servicios, resulta indispensable generar condiciones creíbles que permitan movilizar capital privado, recuperar la confianza de los inversionistas y atraer recursos de largo plazo.
Primer panel: estructuración de proyectos público-privados
El primer panel, denominado “Estructuración de Proyectos Público-Privados”, fue moderado por Mauricio Becerra de la Roca Donoso, Managing Partner de BDA Abogados. Participaron Jaime Dunn de Ávila, economista; Sofía Laura Amorin Criado, representante de IFC – Grupo Banco Mundial; Hianny Romero, Gerente General de NPM Minerales; Jorge Marcelo Velasco, presidente del Banco de Desarrollo Productivo (BDP); y Víctor Hugo Renfijo, de GIZ.
Jaime Dunn sostuvo que la viabilidad de una APP depende de seis condiciones fundamentales: seguridad jurídica, proyectos adecuadamente preparados, bancabilidad, estabilidad macroeconómica, institucionalidad profesional y credibilidad. En iniciativas que se extienden durante varias décadas, el inversionista no evalúa solo el activo o su rentabilidad, sino la estabilidad de las reglas bajo las cuales operará.
Uno de los principales consensos fue que una buena iniciativa política no constituye, por sí sola, un proyecto viable. Toda APP debe responder a una necesidad pública concreta, demostrar sostenibilidad económica, contar con una fuente de pago identificable y distribuir los riesgos de forma razonable entre el Estado y el privado.
Desde la experiencia de IFC, Sofía Laura Amorin destacó la importancia de una estructuración técnica que convierta las necesidades de infraestructura en iniciativas estables, financiables y capaces de atraer recursos privados. Para ello, resultan esenciales instrumentos como las sociedades de propósito específico, los contratos de concesión y los fideicomisos destinados a organizar y proteger los flujos del proyecto.
Por su parte, Jorge Marcelo Velasco explicó que Bolivia ya dispone de mecanismos que pueden contribuir a este proceso, tales como fideicomisos, fondos de garantía y esquemas de garantías compartidas. Sin embargo, su utilización debe acompañarse de una evaluación rigurosa de la gobernanza, las fuentes de repago, los riesgos sectoriales y las responsabilidades de las partes.
Hianny Romero trasladó el análisis al sector minero, donde los proyectos requieren inversiones significativas y horizontes de ejecución prolongados. Su intervención evidenció que los cambios de criterio institucional, la falta de coordinación Inter entidades y la ausencia de procedimientos claros incrementan el riesgo y pueden retrasar inversiones relevantes para el país.
Las exposiciones de este primer bloque demostraron que la estructuración es la etapa determinante: una APP no comienza cuando aparece el financiamiento, sino cuando la entidad pública identifica correctamente el problema, prepara los estudios necesarios, establece una distribución eficiente de riesgos y presenta un proyecto capaz de superar evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras.
Segundo panel: sectores estratégicos para la inversión público-privada
El segundo panel, “Sectores Estratégicos para la Inversión Público-Privada”, fue moderado por Claudia Bayá, de la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Participaron Gonzalo Morales, presidente de CNI, Javier Arze Justiniano Gerente General de CADECOCRUZ, Luis Ernesto Castedo presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE, Mario Cronembold alcalde electo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes y Luis Fernando Añez Vicepresidente de ENDE Corporación.
Los panelistas analizaron las oportunidades existentes en sectores como infraestructura vial y ferroviaria, aeropuertos, energía, minería, puertos, salud, infraestructura digital y turismo. También se mencionaron proyectos estratégicos como el Hub de Viru Viru, Puerto Busch, los corredores bioceánicos, la generación de energías renovables y el desarrollo de infraestructura hospitalaria.
No obstante, se advertirá que contar con una lista de necesidades no equivale a disponer de una cartera de proyectos lista para financiamiento. Bolivia requiere una instancia técnica especializada que evalúe, priorice y estructure estas iniciativas considerando sus beneficios sociales, productivos y territoriales.
La seguridad jurídica ocupó un lugar central en el debate. Se remarcó que el capital privado está dispuesto a asumir los riesgos propios de la actividad empresarial, pero difícilmente comprometerá recursos a 20 o 30 años si existe la posibilidad de modificaciones unilaterales en las reglas. Por ello, la previsibilidad normativa, la estabilidad contractual y los mecanismos adecuados de solución de controversias constituyen condiciones indispensables.
En el sector energético se resaltó la necesidad de garantizar horizontes de inversión extensos y fuentes de pago previsibles. Mecanismos como las subastas, los contratos de largo plazo y las garantías de compra de energía pueden facilitar la participación privada, siempre que formen parte de un marco regulatorio claro y estable.
Asimismo, se enfatizó que la gestión de estos proyectos no puede depender de la iniciativa o buena voluntad de autoridades de turno. Para que las APP se consoliden como un mecanismo ordinario y escalable, se requieren procedimientos institucionalizados, capacidad técnica permanente y coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Las distintas intervenciones coincidieron en que Bolivia cuenta con necesidades de infraestructura claramente identificadas, interés del sector privado e instrumentos jurídicos y financieros aplicables. Sin embargo, aún debe fortalecerse la capacidad de estructuración y gestión institucional.
Las alianzas público-privadas no suponen reemplazar al Estado ni transferir responsabilidades al sector privado. Por el contrario, exigen un Estado con mayor capacidad para planificar, contratar, supervisar, medir resultados y corregir incumplimientos. Mientras más sofisticada sea la participación privada, mayor deberá ser la solidez institucional del sector público.
Desde BDA Abogados continuamos promoviendo espacios de análisis y cooperación que permitan fortalecer la relación entre el sector público y el privado, mejorar las condiciones de inversión y contribuir al desarrollo sostenible de Bolivia.